Agencia UNO
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, tiene un pasado que aún la persigue. Quien hoy es pieza clave del andamiaje estatal contra el crimen defendió a peligrosos delincuentes, su pareja no puede ejercer cargos públicos por representar a imputados por Ley 20.000 y durante su paso como fiscal fue sancionada por usar su cargo como servidora pública para fines ajenos a sus funciones: “Sí fue prepotente”, atestiguó uno de los sargentos de la policía uniformada que denunció a la hoy subsecretaria en la causa administrativa que terminó con una amonestación privada en su contra.
Durante su tiempo como defensora, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, representó a acusados por causas complejas. Si bien actualmente por su nueva posición ya no lo hace, sí siguen en esa labor tanto su pareja como su hija. Mientras él ha patrocinado a imputados por Ley de Drogas (está en el listado de personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos de Contraloría), ella defiende actualmente a una de las acusadas por los multimillonarios robos de la banda del “Ojo Móvil”.
Según confirmaron fuentes a la Unidad de Investigación de Bío Bío, la subsecretaria de Prevención del Delito mantiene una relación con el abogado Cristian Mardones, legista que se encuentra en el registro de incompatibilidades para cargos públicos por representar a imputados por Ley de Drogas. Mardones posee más de una decena de causas en la última década por la Ley 20.000.
El mismo jurista, además, defiende al líder de la banda criminal del “Ojo Móvil”, acusada de multimillonarios robos a tiendas de tecnología y que incluso sobornó a dos carabineros para cometer un ilícito. En la misma causa, Ana Victoria Quintana representó a la testaferro y pareja del cabecilla. Cuando asumió como subsecretaria, entregó la defensa a su hija, Francisca Quintana.
De 10 años a cinco
Ana Victoria Quintana y Cristián Mardones Flores han mantenido una relación “de años”, de acuerdo con múltiples fuentes de la plaza, consultadas por la Unidad de Investigación de Bío Bío.
Antes de ser subsecretaria, Ana Victoria Quintana trabajó por casi dos décadas como persecutora en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. En 2023 renunció y se dedicó a ser defensora privada.
En el sistema del Poder Judicial consta más de una causa en que participó tanto ella como Mardones, representando a imputados distintos. Sin embargo, no consta que Quintana haya defendido a imputados por Ley 20.000. En cambio, según el registro de Contraloría al que tuvo acceso Bío Bío Investiga, Mardones ha defendido a una decena de imputados por Ley de Drogas.
Así, en 2021, defendió a Daniel Romero Pérez ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Durante un allanamiento, al acusado se le habían incautado 2,9 kilos de cocaína, un arma de fuego Glock con el número de serie borrado y una pistola Astra que no contaba con las autorizaciones correspondientes.
Según quedó acreditado en el proceso, Romero trabajaba para un tercero, a quien le “custodiaba” las sustancias ilícitas. En primera instancia el tribunal condenó al hombre a 541 días de presidio menor en su grado medio por tráfico de drogas y a 10 años y un día por delitos de la Ley de Control de Armas.
Pero Mardones presentó un recurso de nulidad. La Corte de Apelaciones de Santiago lo acogió en 2023, al considerar que el tribunal de primera instancia no había aplicado en su cálculo de la pena las dos circunstancias atenuantes que poseía Romero —irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial—. Por ello, modificó la condena por Ley de Control de Armas a cinco años y un día de presidio menor en su grado mínimo.
Actualmente, Mardones representa a un imputado a quien, durante un control, se le encontró una bolsa con 304 gramos de clorhidrato de cocaína. El Ministerio Público ya presentó la acusación respectiva y debería programarse el juicio oral en las próximas semanas.
El cabecilla y la testaferro
Entre las causas en que Ana Victoria Quintana y Mardones colaboraron está la de una banda que realizó multimillonarios robos. Según la acusación fiscal tenida a la vista por Bío Bío Investiga, la banda estaba compuesta por más de una decena de personas. Operaban entrando en locales comerciales tras el horario de cierre, especialmente tiendas de la empresa Movistar, ya que contaban entre sus integrantes con un operador de la central de cámaras y alarmas de la compañía, apodado “Ojo Móvil”.
En al menos cinco robos usaron la misma técnica: desconectaban los sistemas de vigilancia y aplicaban herramientas especializadas para ingresar hasta las bóvedas. En una ocasión incluso contaron con cobertura por parte de dos funcionarios de carabineros, a los que el líder de la banda pagó por ese apoyo.
Las sumas de cada botín podían llegar, en algunos casos, a más de $100 millones. En total, obtuvieron $400 millones en cinco golpes.
Esa estructura la lideraba Alexis Abarca Castro, según el Ministerio Público, quien es representado por Mardones. Durante la audiencia de formalización, el abogado renunció al patrocinio de otra imputada, Nathaly Aedo, en favor de Ana Victoria Quintana. De acuerdo con una fuente de Bío Bío Investiga, que conoce el caso de cerca, Aedo es pareja de Abarca.
La mujer tuvo participación directa en uno de los robos que dejó pérdidas multimillonarias a Movistar, según la acusación fiscal. Mediante un forado efectuado a un muro colindante a un estacionamiento, los miembros de la banda ingresaron el 27 de septiembre de 2024 a un local de la empresa en Las Condes.
Afuera del frontis se estacionó Aedo, quien realizó las labores de vigilancia en caso de que llegaran carabineros. En total, según la querella de la compañía, sustrajeron 253 celulares, 257 accesorios de alta tecnología y 52 tarjetas SIM. Todo avaluado en más de $128 millones.
A pesar de que, según la acusación, esa fue la única vez que Aedo participó directamente de los robos, el Ministerio Público apunta a que existen registros de que actuó como “testaferro de la asociación delictiva”. Recibió dinero no sólo de ese hurto, sino también de otros tres más, además del obtenido por Abarca mediante la extorsión a un abogado.
Entre sus cuentas corrientes de Banco Falabella y BancoEstado, la mujer registró abonos por más de $120 millones en el periodo analizado.
Estos depósitos provenían principalmente de las empresas Gamytech SpA y Electrobal SpA, propiedad de otros dos imputados. Para justificar el flujo de dinero elaboraron un contrato ficticio con Electrobal SpA, en el que ella figuraba como “gerente de operaciones”, con un sueldo fijo de $3 millones.
Seis años de cárcel
Después de que Ana Victoria Quintana asumiera como subsecretaria de Prevención del Delito, dejó de ejercer como abogada privada en varias causas. Una de ellas fue la del “Ojo Móvil”. En su reemplazo, la subsecretaria dejó nada menos que a su propia hija, Francisca Quintana Basualto.
Los documentos de la carpeta judicial exponen que tras haber sido su defensora desde el comienzo del proceso, Ana Victoria Quintana envió un escrito al tribunal el 9 de marzo de este año. Por medio de ese documento renunció a su labor en la causa por “razones de índole personal” que le impedían “seguir conociendo de la tramitación”.