La rebaja de condenas a reos por delitos graves mantiene la polémica sobre el ministerio de Justicia. Entre los casos conocidos figuran dos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, uno de ellos exagente de la CNI, que obtuvo 19 meses menos de cárcel.
La entrega de beneficios de reducción de penas a condenados por delitos graves mantiene abierta la controversia en el ministerio de Justicia, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia sobre los decretos firmados por el actual ministro, Fernando Rabat. Mientras el Gobierno suspendió la tramitación de nuevas solicitudes, todavía no se conoce la nómina completa de beneficiados ni sus actuales condiciones de cumplimiento de condena.
Uno de los casos que salió a la luz es el de César Luis Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado por el secuestro de cinco detenidos. Según antecedentes a los que accedió 24 Horas, recibió una rebaja de 19 meses de su pena original de 10 años y un día de cárcel.
El segundo caso corresponde a Heraldo Velozo Gallegos, otro condenado por violaciones a los Derechos Humanos vinculado a los mismos hechos que Acuña Luengo. De acuerdo con los antecedentes difundidos, este reo había solicitado una reducción de condena durante el gobierno anterior, pero su petición fue rechazada. Sin embargo, volvió a insistir este año y, en esta oportunidad, el actual subsecretario de Justicia, Luis Silva, presentó argumentos a favor de concederle el beneficio, por lo que podría quedar en libertad.
Cuestionan los decretos firmados por el Ministerio de Justicia
La decisión generó críticas de abogados vinculados a la defensa de las víctimas, quienes cuestionan la forma en que se concedieron los beneficios y la falta de información pública sobre sus fundamentos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, aseguró que esta decisión es un “indulto soterrado”, y cuestionó que las medidas se conocieran a través de la prensa, sin que los abogados de las víctimas fueran notificados oportunamente.
A ella se suma el abogado Nelson Caucoto, quien anunció acciones ante instancias internacionales y la presentación de recursos de amparo para resguardar la seguridad de los familiares de las víctimas.
La controversia por las rebajas concedidas durante los dos gobiernos
La polémica también escaló luego de que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, comparara los decretos firmados por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, con otros suscritos por su antecesor, Jaime Gajardo, durante la administración de Gabriel Boric.
“No son iguales”: Gajardo contradice a Arenas por decretos de rebaja de condenas firmados por Boric y Kast
Gajardo rechazó que ambos procedimientos fueran equivalentes. Según explicó, los decretos que firmó respondían al cumplimiento de órdenes de la Corte Suprema, mientras que los cuestionados en la actual administración habrían otorgado directamente el beneficio a los condenados.
Justicia suspende nuevas solicitudes
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Justicia resolvió suspender la tramitación de nuevas solicitudes de rebaja de condena, mientras se abre la discusión legislativa para abordar la materia.
No obstante, el Gobierno ha señalado que los 59 decretos ya firmados no podrían anularse si se encuentran ejecutoriados, al haber completado su tramitación legal.