Por: Redacción Central
Despliegue de la Policía para el resguardo de carreteras del país. Foto: Policía Boliviana.Despliegue de la Policía para el resguardo de carreteras del país. Foto: Policía Boliviana.
La Paz, 27 de septiembre de 2026 (ABI).- Ante los anuncios de posibles movilizaciones y bloqueos para este lunes, más de 900 efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas están desplegados en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz.
Así lo informó el comandante departamental de la Policía en La Paz, Ricardo César Terrazas del Pozo, quien explicó que este trabajo se realiza en cumplimiento al plan de operaciones Bolivia Unida.
“Desde que se dictó el estado de excepción ya tenemos nuestras operaciones en Bolivia Unida, que es una operación conjunta con las Fuerzas Armadas, donde tenemos, entre la Policía Boliviana y el Ejército, más de 900 efectivos desplegados en lugares estratégicos de ingreso a la ciudad de La Paz”, afirmó el jefe policial en contacto con los medios.
Terrazas aclaró que, en primera instancia, se apostará por el diálogo; sin embargo, advirtió que, “en caso de que la gente sea intransigente, nosotros vamos a actuar conforme lo que nos dice el estado de excepción, puesto que tiene ciertas normas y reglas”.
La autoridad policial añadió que el operativo tendrá una duración prolongada y continuará activo para responder de manera preventiva ante cualquier situación que pueda alterar la normalidad.
“Este servicio es de largo aliento y continuamos con él. Este servicio está para prevenir justamente cualquier desorden que se pueda dar o cualquier actividad que vaya en contra del orden público”, señaló.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por mayoría absoluta, la madrugada del jueves 17 de septiembre, la ampliación por 90 días del estado de excepción por conmoción interna, medida que permitirá mantener el régimen excepcional hasta diciembre.
ANTE LLAMADO A BLOQUEOS JUSTINIANO RESPONDE A ULTIMÁTUM DE EVO: ‘NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY’
Ernesto Justiniano sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse por las vías institucionales.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, cuestionó el ultimátum planteado por el expresidente Evo Morales para abrogar decretos que considera “neoliberales”.
Advirtió que ninguna autoridad o dirigente puede situarse por encima de la ley, independientemente de su trayectoria política o capacidad de movilización.
La autoridad, consultada por Unitel, aseguró: «Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”.
Así, se refirió al ultimátum que dio el ampliado de Evo Pueblo la tarde del sábado, donde las organizaciones sociales afindes a Morales dieron plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno abrogue el decreto 5716, que eliminó la subvención al diésel y la norma que establece como prioritaria la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas.
El expresidente advirtió que, si sus demandas no son atendidas, se activarían movilizaciones desde el 13 de octubre. “Si no es de a buenas va a ser de a malas”, afirmó.
Al respecto, Justiniano sostuvo que el expresidente tiene derecho a cuestionar las decisiones del Gobierno y convocar a movilizaciones pacíficas, siempre que estas se desarrollen dentro del marco legal. Sin embargo, cuestionó que pretenda imponer sus posiciones mediante amenazas, ultimátums o bloqueos.
Ante esa advertencia, Justiniano sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse por las vías institucionales.
“Las diferencias políticas se resuelven dentro de la democracia y de la ley, no bajo la advertencia de que ‘si no es de buenas será de malas’”, manifestó.
La autoridad también recordó que existen órdenes de aprehensión vigentes contra Morales y señaló que corresponde al expresidente presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa, bajo las garantías establecidas por la Constitución.
“Y si hoy quiere hablar de cumplimiento de la ley, debería comenzar por cumplirla él mismo”, señaló Justiniano.
El ministro afirmó finalmente que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con los distintos sectores, aunque remarcó que también tiene la responsabilidad de garantizar la libre circulación, el abastecimiento y los derechos de la población.