En Mirada Líbero, Pablo Toloza señaló que están a la espera de lo que decida la Corte de Apelaciones sobre el gobernador de la Región Metropolitana. Además, critica la resolución del juez Patricio Álvarez de desestimar la prisión preventiva y arresto domiciliario para los cuatro imputados en el caso. El abogado de la UDI apelará a la sentencia que dejó libre a Alberto Larraín, cofundador de ProCultura.
Pablo Toloza, el abogado querellante de la UDI en el caso ProCultura, no concibe que en el traspaso de 1.600 millones de pesos a la fundación no esté la mano del gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego, cuyo desafuero para enfrentar a la justicia se resolvería la próxima semana.
En Mirada Líbero, Toloza aseguró que este otorgó a dedo esos fondos a la fundación dirigida por Alberto Larraín, pese a no tener la experticia para ello.
El caso ProCultura apareció en 2023 en el marco del llamado caso Fundaciones, cuando se reveló que se habría adjudicado más de 600 millones de pesos para la recuperación de fachadas en el casco histórico de Antofagasta. Luego se reveló que la corporación había suscrito convenios con diversos gobiernos regionales por más de seis mil millones de pesos. El caso de la Región Metropolitana es uno de ellos.
–¿De qué manera estaría implicado en el caso el gobernador metropolitano Claudio Orrego?
-ProCultura no existe si no está vinculado a Claudio Orrego. Hay un nexo directo entre uno y otro. En primer lugar, Claudio Orrego le otorga a dedo esta subvención a ProCultura y él no podía no saber que dentro de su giro no estaba la prevención del suicidio. Además, siempre estos convenios se hacen con instituciones públicas, en este caso debiera haber sido con el Servicio de Salud. Al final ProCultura termina siendo una especie de broker: se le entregan 1.600 millones de pesos, contrata a fundaciones que sí dan el servicio y, por otra parte, contrata entre comillas a los servicios de salud y hospitales. ProCultura es el nexo, gana plata por conectar a estos dos lados cuando la verdad es que se debiesen haber otorgado los fondos directamente al servicio de salud.
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Además, hay claramente una relación entre Claudio Orrego y Alberto Larraín. Claudio Orrego semanas antes lo nombra como miembro del directorio de esta corporación del gobierno regional. Claudio Orrego era miembro del mismo partido de Alberto Larraín, la Democracia Cristiana. Alberto Larraín participó activamente en la campaña de Claudio Orrego cuando fue candidato presidencial en la primaria. Alberto Larraín trabajó con Claudio Orrego cuando él era alcalde de Peñalolén. En esos momentos Alberto Larraín era director de un centro de salud de la comuna, por tanto la relación es directa, es estrecha. Claudio Orrego sabía perfectamente que ProCultura no tenía ninguna posibilidad de hacer este trabajo, de ejecutar este programa.
–¿Qué esperan que resuelva la Corte de Apelaciones respecto al desafuero del gobernador Orrego?
-Estamos a la espera que se coloque en tabla. Esto lo ve el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y su apelación es hasta el Pleno de la Corte Suprema. Nosotros estimamos que están los antecedentes suficientes como para otorgar el desafuero. Él no puede decir que no sabía que ProCultura no iba a dar los servicios para el programa «Quédate» de prevención del suicidio. Él no puede decir que no conoce a Alberto Larraín. Él no puede discutir que hubo una reunión anterior en la que se determinó que ellos fueran los ejecutores. Entonces hay una serie de antecedentes, hay conversaciones, hay WhatsApp. Nosotros entendemos que efectivamente Claudio Orrego debiese ser desaforado. Eso no significa que él sea culpable, sino que necesariamente, por su investidura, se requiere de un desafuero para poder ser formalizado y aplicarse medidas cautelares de mayor intensidad.
«Una señal a la ciudadanía» La noche del martes, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Patricio Álvarez, dejó en libertad al cofundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín; a María Constanza Gómez (representante legal de Procultura), a María Teresa Abusleme, (exdirectora de Estudios de ProCultura) y a Evelyn Magdaleno (exjefa de División Desarrollo Social Humano del Gore), quienes fueron detenidos el viernes 30. Sólo Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el gobierno regional para relacionarse con ProCultura, se mantuvo con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El juez estimó que la Fiscalía no presentó antecedentes suficientes para acreditar que los imputados se concertaron para cometer delitos.
–Con la decisión del tribunal de desestimar las medidas cautelares más altas para los cuatro imputados en el caso, ¿tiene sentido ir por el desafuero del gobernador?
-Se complica, es obvio. Lo que dijo el juez fue que no había delito propiamente tal y que no había participación. Por eso esperamos que la Corte de Apelaciones de Santiago, la sala que conozca del recurso de apelación, revierta esta situación. Es muy grave porque a la larga el efecto del desafuero se transforma en una especie de equivalente jurisdiccional a un sobreseimiento.
–¿Por qué eran importantes las medidas cautelares de los imputados ?
-En primer lugar, hay que tener claro -y creo que el juez nunca lo entendió- que este no es cualquier fraude al fisco. Este es un fraude al fisco que está relacionado con corrupción, y, por tanto, la señal a la ciudadanía es muy importante. Generalmente en estos casos de corrupción existe un círculo muy férreo que se empieza a quebrar cuando efectivamente se decreta en contra de alguna de estas personas la prisión preventiva. Por eso es importante la medida cautelar, no solo por un tema de tenerlos detenidos, sino que también por el desarrollo de la investigación.
-¿De qué acusan ustedes a las personas que fueron formalizadas?
-ProCultura recibe 1.600 millones de pesos para llevar adelante un programa de prevención del suicidio que se llama Quédate. De acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta investigativa y como señaló el fiscal, los recursos se le entregan a dedo a ProCultura. Si bien es cierto en los estatutos de la fundación dice “Salud”, no era su expertise. Hay que recordar que los estatutos de las fundaciones son genéricos, pero tal como señaló el fiscal, dentro del giro tributario no está la prevención de suicidio. Lo cierto es que como ellos no eran expertos en esta materia, contratan a otras fundaciones que efectivamente se dedican a la prevención de suicidio. De eso se gastan solo 600 millones aproximadamente, pero no se gastan solo en el programa. De hecho hay un imputado, el señor Prado, quien es contratado por ProCultura y va a trabajar al gobierno regional, pero no para el programa Quédate, sino para otra función totalmente distinta. Por tanto, de esos 600 millones efectivamente hay fondos que fueron destinados a una cosa distinta. O sea, ahí hay una irregularidad.
Pero además, al momento que el contrato se termina quedaban “en caja” mil millones.
-¿Qué hizo ProCultura con esa plata?
-En forma absolutamente ilegal, los pone en fondos mutuos. El Consejo de Defensa del Estado expuso en la formalización la cartola de los fondos mutuos donde se muestra que ganaron en intereses $200 millones con fondos fiscales. Primero, está prohibido por regla general, es decir, en la normativa general está prohibido que estos fondos puedan ser puestos en fondos mutuos. Pero además el contrato específico de Quédate establece en la cláusula tercera que no se pueden destinar específicamente a esto. Pero al juez le dio exactamente lo mismo esa situación.
–¿Qué razones dio el juez para desestimar las medidas cautelares que ustedes pedían?
-El juez fue desvirtuando a su parecer una serie de situaciones. Por ejemplo, señala que en esa audiencia faltaba el hilo conductor del delito, que sería el funcionario público. Ahí cae en un grave error porque, tal como lo señaló la Fiscalía, y nosotros así también lo sostenemos, Alberto Larraín es funcionario público porque fue nombrado semanas antes miembro del directorio de la Corporación Territorial y de Turismo de la Región Metropolitana. Nombramiento que se hace a proposición de Claudio Orrego y lo ratifica el Gobierno Regional.
–¿Un privado no puede cometer fraude al fisco?
-No, hay un delito específico que es en este caso para los funcionarios públicos, el fraude al fisco, pero esa misma figura en un particular se llama estafa. Otra de las cosas que señala el juez es que él no ve claramente un acuerdo, un concierto entre las personas para que este convenio se le dé a ProCultura, que no ve la conversación clara entre el gobernador Orrego y Alberto Larraín. Pero el juez no se acordó de que hay una comunicación que fue rescatada de los teléfonos por Telegram, en la cual el gobernador Orrego le dice a Alberto Larraín: ‘Hermano, revisa si tenemos alguna cosa comprometedora o algo así’. Tú vas al teléfono de Orrego y al teléfono de Alberto Larraín y entre ellos no existe ninguna comunicación, ni una, por WhatsApp. Es evidente que si son amigos, porque nunca se descartó que fueran amigos, por lo menos uno saluda para el cumpleaños. Por tanto es evidente que ahí se borraron las conversaciones y que no pudieron ser rescatadas por parte de la PDI.
–¿Considera que puede haber algún sesgo en el juez?
-Yo espero que no exista un sesgo. Porque la verdad, esto es una causa que es de la mayor gravedad.
–Pero hay antecedentes…
-Efectivamente, algunos jueces del Séptimo Juzgado efectivamente son catalogados como bastante garantistas. Entre ellos está el juez Álvarez, junto con el juez Daniel Urrutia.
–Trascendió que intentó excluir un peritaje clave del caso Pío Nono, donde se acusó al carabinero Sebastián Zamora (hoy diputado electo) de empujar a un manifestante al río Mapocho en 2019.
-Claro, otra cosa que llama la atención es que el viernes, cuando se detiene a estas personas -Alberto Larraín, María Teresa Abusleme, Constanza Godoy y Evelyn Magdaleno- la jueza del mismo Séptimo Juzgado, con esos mismos antecedentes y menos, entendió que había delito, entendió que había participación y por eso despachó las órdenes de arresto. Cuatro días después, esos mismos antecedentes agregados a otros, para este juez es exactamente lo contrario. Entonces, es evidente que acá hay un problema y yo vuelvo a insistir: acá creo que el juez no entendió la gravedad de la situación.
–¿Qué sigue? ¿Van a apelar?
-Hay plazo hasta el lunes para interponer el recurso de apelación. Nosotros, como querellantes particulares, vamos a interponer un recurso de apelación. Creemos que esto es de la mayor gravedad.