Samuel Fuentes BioBioChile
En medio de la tramitación de la ley de reajuste del sector público, las bancadas de diputados de la UDI, Renovación Nacional y Republicanos manifestaron su rechazo al proyecto del Gobierno, acusando que se quiere traspasar un reajuste desfinanciado al próximo Ejecutivo.
Mediante una declaración pública, cinco parlamentarios de dichas bancadas —partícipes en la comisión de Hacienda— plantearon una serie de cuestionamientos a la iniciativa, criticando en particular al ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Polémica por el “amarre” y desfinanciamiento marcarán inicio de la discusión por el reajuste público
“Expresamos nuestro más absoluto rechazo a la forma en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su actual ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Grau, han presentado ante el Parlamento el proyecto de ley de reajuste del sector público correspondiente al año 2026”, consigna el escrito.
“Rechazamos, categóricamente, que en esta ley se incorporen múltiples materias que no corresponden a un proyecto de esta naturaleza, incluyendo un conjunto de disposiciones que responden más bien a las presiones ejercidas por las organizaciones sindicales, las que debieran ser discutidas en forma separada y con el debido análisis técnico y financiero”, agrega.
Diputados acusan al Gobierno de querer perjudicar a administración Kast
En esa línea, los diputados alertaron una “falta de voluntad del Gobierno para enfrentar dichas presiones o una convicción profunda e ideológica de expandir el Estado sin responsabilidad fiscal ni una planificación adecuada“. A lo que suman que existiría una “falta de transparencia absoluta respecto del real financiamiento y el impacto económico de esta ley”.
“Se ha advertido en reiteradas oportunidades que las finanzas públicas de nuestro país han sido sobreestimadas por la actual administración. Pese a ello, se insiste en avanzar con un reajuste que no cuenta con un respaldo financiero claro, responsable ni transparente”, afirman.
“Considerando que esta falta de rigurosidad ha sido advertida durante meses, hoy tenemos el legítimo derecho a presumir que la intención del Gobierno sería traspasar un reajuste desfinanciado, de tal manera que el costo político y fiscal sea asumido por la próxima administración, constituyendo un acto de grave irresponsabilidad y de mala fe democrática”, subrayan.
De esa manera, acusaron al Gobierno de buscar perjudicar a la futura administración de José Antonio Kast, llamando a que organismos como “la Contraloría General de la República (CGR) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), puedan exponer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para así evaluar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de este proyecto”.
“No vamos a permitir que las autoridades sigan experimentando, improvisando y adoptando decisiones ideológicas que comprometan la estabilidad de las finanzas públicas del país.
Nuestra principal preocupación son los chilenos, quienes requieren contar con la certeza de que el Estado podrá cumplir todos sus compromisos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ni exponer al país a eventuales crisis presupuestarias. Ese será nuestro compromiso”, concluyen.