Por Néstor Aburto y Javiera Ostertag Franzoy
La inmobiliaria presentó un reclamo disciplinario ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Acusa irregularidades en el 20° Juzgado Civil que habrían “mutado” un juicio ejecutivo. Asegura que la actuación judicial amenaza la fe pública y la certeza del proceso. Teme que se repita el escenario donde un trámite breve de inscripción terminó extendiéndose por casi dos años. Sin embargo, para la defensa de la Municipalidad de Santiago no sería así, sino que simplemente la demora se produciría por lo extenso de las pruebas allegadas al caso.
La disputa judicial por el pago de los $8.200 millones por la venta de la Clínica Sierra Bella, que ya está a nombre de la Municipalidad de Santiago, sumó un nuevo capítulo. Inmobiliaria San Valentino presentó un reclamo disciplinario ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando “graves y manifiestas irregularidades” en el 20° Juzgado Civil y advirtiendo que estas actuaciones “perjudican la credibilidad” del proceso.
Según el escrito ingresado al tribunal de alzada, el caso, un juicio ejecutivo destinado a cobrar el precio pendiente de la venta inscrita por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en septiembre y tras fallo judicial, se ha visto envuelto en decisiones que, a juicio de la demandante, exceden los márgenes legales, alteran la naturaleza del procedimiento y amenazan con replicar lo ocurrido en un episodio anterior: el reclamo de inscripción, donde el 19° Juzgado Civil llegó a incluir a diputados que no eran parte del litigio. Una extensión que la Corte terminó corrigiendo, pero no sin antes transformar un trámite breve en una causa que se extendió por casi dos años.
“El denominado caso Sierra Bella trata sobre una compraventa celebrada en enero de 2023… los inmuebles vendidos ya obran inscritos a nombre de la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, al día de hoy, mi parte no ha recibido el pago, ni total ni parcial, del precio”, señala la presentación.
Aunque la Municipalidad de Santiago está en su legítimo derecho de litigar, lo que cuestiona San Valentino es la forma en que, según afirman, se ha conducido el procedimiento. Aseguran que la sucesión de cambios de jueces, la admisión de pruebas extemporáneas y decisiones “contra texto expreso de la ley” han instalado dudas razonables sobre la correcta tramitación.
Consultados por Radio Bío Bío, desde la defensa de la Municipalidad negaron que se esté cometiendo alguna irregularidad, y reafirmaron que el tiempo de la tramitación ha respondido a la alta cantidad de prueba que se ha rendido y falta rendir debido la complejidad del caso.
El proceso
El documento expone que el tribunal ha tenido cinco jueces distintos en pocos meses y enumera situaciones que califica como irregulares: “un correo electrónico del Coordinador del Tribunal a un receptor solicitando la baja de la causa” al momento en que se ordenó el embargo de cuentas corrientes, “reiteradas negativas a las solicitudes de audiencia”, “dilaciones innecesarias” y diferencias sustantivas en los tiempos de respuesta a escritos según la parte que los presentaba.
De hecho, en el escrito enumera que en 60 días han tenido la causa los jueces Manuel Antonio Pedrero Oñate; luego vino Carlo Marcelo Casaula Mezzano; tras él estuvo Roberto Emilio Soto Bustamante; posteriormente quedó en manos de la jueza titular del citado tribunal, Gabriela Silvia Herrera; para luego recaer en la jueza suplente Catalina Paz Correa.
Todo ello derivó, según el escrito, en una primera queja disciplinaria, archivada “de manera exprés… sin mayor fundamento” y por decisión de la ministra de la Corte de Santiago Graciela Gómez.
El núcleo del reclamo, sin embargo, se concentra en el actuar de la jueza secretaria del 20° Juzgado Civil, Catalina Paz Correa Peralta. El texto sostiene que la magistrada ha rechazado reiteradamente citar a las partes a oír sentencia, pese a que, afirman, el artículo 469 del Código de Procedimiento Civil establece que “vencido el término probatorio, el tribunal citará a las partes para oír sentencia”.
“La Jueza ha negado reiteradas veces citar a las partes a oír sentencia, lo que está transformando el juicio ejecutivo, de facto, en un procedimiento ordinario declarativo”, expone el reclamo.
Junto con ello, acusan la concesión de un “término especial de prueba, contra texto expreso de la ley”, la admisión de documentos presentados fuera de plazo y una aplicación “errada” del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil.
El documento es tajante: “Esta parte, una vez más, es víctima de resoluciones que desatienden y contradicen las órdenes del legislador”.
Consultado por Radio Bío Bío, el abogado Raúl Toro –quien representa a la Municipalidad de Santiago en el juicio– negó que los tribunales estén cometiendo alguna irregularidad o estén actuando de forma parcializada. De acuerdo a Toro, el plazo que establece la ley para rendir la prueba no es fatal, y en casos como este –que cuentan con amplia cantidad de documentos y testigos que vienen desde el principio de la compra– se permite una flexibilización. Por ello el tribunal se estaría negando a dictar sentencia, ya que faltaría prueba por rendir.
Dudas sobre el proceso
Aunque a primera vista se haya sugerido que el caso Sierra Bella podría estar marcado por corrupción, varias voces del ámbito judicial señalan otra perspectiva. Según distintos actores del sistema, lo que realmente estaría ocurriendo es una tendencia a adoptar una postura de prejuzgamiento ante la venta de la clínica, antes incluso de analizar a fondo los antecedentes. Es decir, más que seguir estrictamente los procedimientos legales, algunos dentro del sistema judicial se habrían dejado influenciar por el impacto del caso y, en cierta medida, se habrían apartado de la imparcialidad que el derecho exige, cosa que con la inscripción terminó corrigiendo la Corte de Apelaciones.
Esta inclinación a juzgar de antemano sin un examen detallado de las normas, como las referidas a juicios ejecutivos o a la obligatoriedad de ciertas inscripciones, no solo distorsiona el proceso, sino que además dificulta que la justicia examine con ecuanimidad lo ocurrido. En otras palabras, el verdadero problema podría residir en esa pérdida de imparcialidad, donde quienes deberían actuar como árbitros neutrales terminan inclinándose por una narrativa preconcebida e instalada por los medios de comunicación y declaraciones políticas más que los hechos.