Por: Nicolás Parra Tapia y Nicolás Espinoza Riquelme
Investigación
El fiscal de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, lanzó una ofensiva judicial en contra del juzgado de garantía de esa ciudad, luego de que el tribunal rechazara abrir las cuentas bancarias de altos personeros vinculados a ProCultura.
A través de dos recursos de hecho ingresados ante la Corte de Apelaciones —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el persecutor cuestionó la decisión de la justicia que impidió acceder a los movimientos financieros de la fundación y de su cúpula.
Entre ellos se cuenta a Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de la organización; la directora de Estudios, María Teresa Abusleme; María Eugenia Sabbagh Vidal, miembro del directorio de la institución entre 2018 y 2023; además del padre de Alberto Larraín, quien comparte su mismo nombre.
Miles de millones
Según información contenida en el expediente judicial, el pasado 9 de octubre, el fiscal Ríos ingresó dos solicitudes para conseguir el alzamiento bancario de los implicados.
En sus escritos —tenidos a la vista por este medio— el persecutor argumentó que la investigación estableció irregularidades en los millonarios traspasos a la fundación. A modo de ejemplo, mencionó los convenios firmados por el Gobierno Regional Metropolitano (que terminó con la solicitud de desafuero de Claudio Orrego) y el GORE Bío Bío, el más cuantioso a nivel nacional, por más de $2.553 millones. En esta última región también se suman dos proyectos del Minvu.
“Este último caso resultó particularmente irregular, pues se justificó la adjudicación por ser la propuesta de menor precio, pero el convenio fue suscrito finalmente por el valor mayor. A ello se sumó que el coordinador del Programa de Asentamientos Precarios había trabajado en Procultura hasta dos meses antes de la adjudicación, sin declarar su conflicto de interés”, reza la presentación de Ríos. Esto, en relación a Pablo Durán Romero, quien emitió una boleta a ProCultura por 708 mil pesos, cuando ya se encontraba contratado por la cartera que dirige el ministro Carlos Montes.
Si bien el vínculo de Durán con la fundación —reza el escrito— se limita a la prestación puntual de servicios profesionales, su nombre se menciona expresamente en la descripción de irregularidades y posibles conflictos de interés.
En total, la fiscalía indaga el traspaso y rendiciones de gastos por más de $4.811 millones entre ProCultura y organismos públicos de todo Chile.
Los indagados
Pablo Durán, sin embargo, es sólo uno de los 11 imputados a los que Ríos pretendía alzar el secreto bancario. A él se suma, por ejemplo, Alberto Federico Larraín Lohmayer, padre de quien conducía los pasos de la fundación. Es decir, el psiquiatra, Alberto Larraín Salas.
De acuerdo con información recabada por el Ministerio Público, Larraín Lohmayer registra 21 boletas a honorarios emitidas a ProCultura, por un monto acumulado de $102 millones, por actividades de “dirección de proyectos y salud mental comunitaria”.
“Este conjunto de pagos constituye uno de los montos más altos consignados a una persona natural en los documentos revisados, estableciendo una relación económica directa y sostenida con la fundación”, sostiene el escrito de Ríos.
Aquí también figura la participación de Patricia Ilonka Csillag Pimstein, “a través de rendiciones efectuadas por sus hijas”. Ellas, dice el persecutor, emitieron boletas de honorarios por 7,3 millones por “labores fotográficas y de registro patrimonial”.
En una segunda solicitud, ingresada de manera paralela, el organismo también pidió acceder a las cuentas de ProCultura y de la Agencia de Turismo Patrimonial SpA.
La ruta del dinero de ProCultura
Pese a la petición de Ríos, el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó de plano alzar el secreto bancario de los implicados. El Ministerio Público apeló, pero nuevamente le cerraron la puerta.
Las reiteradas negativas motivaron a que el persecutor lanzara una ofensiva ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad para conseguir la diligencia.
A juicio de Ríos, las resoluciones del tribunal no sólo no se hacen cargo de los argumentos de fondo esgrimidos para alzar el secreto bancario, sino que incluso impedirá “seguir la ruta del dinero”. Un aspecto que “resulta crucial” para el éxito de la investigación. Especialmente puesto que se trata de “fondos públicos presuntamente defraudados”.
“La única manera eficaz de seguir la pista del dinero y cuantificar el perjuicio fiscal es accediendo a los registros bancarios de los involucrados”, reza el documento.
Y agrega: “Sin acceso a los registros bancarios, el Ministerio Público solo cuenta con indicios internos y carece de prueba directa del perjuicio fiscal o del paradero de los caudales”.
[Esta] no es una medida accesoria o discrecional, sino un paso esencial en las investigaciones complejas de corrupción, pues sin esa información financiera la indagación queda prácticamente estancada”.
Extracto recurso
Así las cosas, Ríos solicitó que se tenga por interpuesto los recursos de hecho contra las resoluciones del tribunal. “Sólo de este modo se evitará consolidar una situación de impunidad fáctica y se permitirá a la investigación retomar su curso normal, sometiendo la decisión denegatoria del juez de garantía al debido escrutinio de la instancia superior”, cerró.