por Unidad de Investigación El Líbero 5 septiembre, 2025
De los 29 aspirantes a la Cámara Alta por esa región, 17 figuran en el sistema del Poder Judicial, ya sea como querellados, querellantes, víctimas o testigos. Si bien casi todos los casos terminaron con sobreseimiento, uno de ellos sí fue sancionado.
De las siete regiones del país en las que se elegirán senadores el próximo 16 de noviembre, la de Valparaíso es una donde la competencia será más férrea. Primero, porque ninguno de los cinco parlamentarios que actualmente ocupan los escaños en disputa van por la reelección. Luego, porque al no haber en esta oportunidad elección de senadores en la Región Metropolitana, esta cobra especial relevancia.
El Líbero revisó en la página del Poder Judicial a cada uno de los 29 candidatos a senadores por esa región, buscando por nombre y apellido en cada uno de los tribunales penales del país.
En esta radiografía judicial son 17 los candidatos cuyos nombres aparecen en el sistema, sea como querellantes, querellados, víctimas o testigos. Los casos incluyen causas desde injurias y calumnias, hasta hurtos, riñas y apropiación indebida.
Este número incluye una candidatura que fue rechazada por el Servel y entre quienes han sido denunciados, sólo una persona fue sancionada y corresponde a un candidato del Partido de la Gente (PDG).
Los candidatos con causas por hurto
Diego Cortéz, candidato por el Partido de la Gente, aparece en la página del Poder Judicial denunciado por el delito de hurto, por hechos ocurridos el 8 de marzo de 2018.
De acuerdo con la información que figura en la causa del Juzgado de Garantía de Quilpué -comuna por la que el año pasado fue candidato a concejal sin tener éxito-, el hombre ingresó a un reconocido almacén y tomó especies que tenían un valor de $5.990 (no se especifica cuáles) y traspasó las cajas registradoras sin pagar.
El ahora aspirante a senador fue condenado a pagar una multa de 1 UTM. Sin embargo, el tribunal acordó suspender el cumplimiento de la pena por un plazo de seis meses, luego de lo cual el caso fue sobreseído.
En tanto, a la candidata de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Yessica Flandez -que en 2021 compitió para ser concejal en Viña del Mar (en la foto)-, le figura una causa de noviembre de 2009 por el delito de hurto frustrado. Aunque en el expediente no aparecen detalles, se indica que fue por bienes valorados entre 4 y 40 UTM, que hubo control de detención, que se decretó la suspensión del procedimiento y que finalmente se dictó su sobreseimiento.
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Injurias y amenazas
La criminóloga antofagastina-australiana Marcela del Sol-Hallett, se querelló en agosto de 2023 por injurias en contra de Amador Sánchez González, conocido como “Lenwa dura”, uno de los fundadores de “Tiro de Gracia”.
Esto, porque en su rol de divulgadora de contenido feminista (@lacucharafeminista) el músico dijo que habían estado relacionados y la calificó de escort en diciembre de 2022 por redes sociales. La causa la conoció el 15º Juzgado de Garantía de Santiago en agosto de 2023 y sigue en tramitación.
En tanto, la candidata a senadora de Republicanos, Soledad Loyola -antes candidata a concejala por Casablanca-, tiene una denuncia contra un hombre por amenazas en 2010, pero no hay registro de las circunstancias. El caso fue sobreseído.
Apropiación indebida
La candidata por Acción Humanista (AH), Andrea Araya, fue denunciada por el delito de apropiación indebida cuando era directora del Centro Comunitario por los Derechos Infanto Juveniles (CIJ) Saltamontes (Valparaíso) de la organización comunitaria funcional Colectivo La Isla, colaboradora del Sename.
Los hechos ocurrieron, dice la causa, entre enero y marzo del año 2005, cuando Araya informó que se había atendido a un número mayor de niños de los que realmente fueron, o bien eran incompatibles con el pago de las subvenciones que se cancelaba por cada uno de ellos. “De tal forma, se obtuvo el pago de prestaciones improcedentes por parte del Fisco, ascendentes a un monto total de $1.178.442”, dicen los documentos que luego agregan que en las planillas había nombres de niños repetidos, que no habían asistido o que habían ido “menos veces que las indicadas”.
Tras ver el caso, la justicia estimó que Araya no actuó de mala fe y fue absuelta, pues, entre varios aspectos, otros gestores del proyecto aclararon que no tenían conocimiento de que las planillas de asistencia que llenaban una vez al mes, eran el respaldo para el cobro de las subvenciones. Como los proyectos sí se ejecutaron, se estimaron cumplidos, por lo que se descartó “de plano la existencia de perjuicio fiscal».
La candidata rechazada del FRVS que tuvo una riña en un paradero
Esta semana el Servel rechazó la candidatura de la FRVS y exconcejala de Cabildo, Liliana Romero Toro, por no haber acreditado haber cursado la enseñanza media o equivalente.
A ella le figura una causa por hechos ocurridos el 9 de junio de 2011 en un paradero de Paihuen, comuna de Cabildo. Según la información del expediente, la aspirante a la Cámara Alta se encontraba en compañía de otra mujer esperando locomoción, cuando comenzaron una discusión que terminó en mutuos golpes de puño en diferentes partes del cuerpo. Aunque los hechos fueron tipificados como riña pública, la justicia determinó que no comprometieron gravemente el interés público.
Aunque su candidatura fue rechazada, su carrera al Congreso aún puede ser posible, pues los candidatos rechazados tienen hasta mañana 6 de septiembre para apelar.
Karol Cariola, la que más aparece en causas penales
La candidata a senadora con más apariciones en el área penal es la diputada Karol Cariola (PC). Este año el diputado Andrés Celis (RN) se querelló en su contra por tráfico de influencias en el caso de la Clínica Sierra Bella y la arista del empresario chino.
La aspirante al Senado también fue denunciada en 2014 por la Asociación Coordinadora DD.HH. Habitantes de Chile por participar en una marcha de la CUT, pues consideraron que promovió la agitación social. El caso quedó en nada.
Cuando era estudiante, en 2009, la detuvieron por obstaculizar el tránsito en Concepción y la multaron, aunque tras ello, el caso fue sobreseído.
Desde el otro lado, de querellante, en 2020 acusó de homicidio al cabo Sebastián Zamora por el caso del puente Pío Nono, pero la querella no fue admitida. También denunció al carabinero que disparó y dio muerte a un malabarista que lo amenazó con sables en Panguipulli. En el primer caso el carabinero fue absuelto y en el segundo, se estimó que hubo legítima defensa y el caso fue sobreseído.
Como querellante también aparece en el caso Corpesca (2018), por un caso de fraude en listas de espera (2018), por el asalto a una de sus sedes en Recoleta (2013) y como denunciante en un caso de amenazas, luego de que ella y otros diputados comunistas recibieran cartas que decían: «Atención: los pinochetistas no han muerto, nos organizamos en silencio”. También aparece como testigo en un caso de injurias y calumnias contra Guillermo Teillier y como víctima cuando en 2022 un par de mujeres se acercaron a saludarla, abrazarla y sacarse fotos con ella en el mall Costanera Center y le robaron un iPhone que valía más de $1 millón.
Pero el caso más llamativo en que fue querellante, es cuando en 2018 un pariente lejano de su expareja, Freddy Stock, se acercó a ambos, entablando una relación de amistad hasta que tuvieron diferencias de opinión y el hombre los habría comenzado a acosar y amenazar, llegando a rayarles la casa. El denunciado era exoficial de la PDI y, según la querella, parte del Movimiento Social Patriota.
Las denuncias de actuales parlamentarios
En enero de 2007, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, aparece una denuncia contra el ahora diputado Diego Ibáñez Cotroneo (FA). En esa época, Ibáñez recién había salido del colegio y aunque la causa no entrega detalles, se trataría de desórdenes, pues el tribunal sostuvo que los hechos «no comprometen gravemente el interés público, toda vez que, no se ha visto alterado en modo alguno de manera sustancial el orden público». En 2008 se repitió la historia en las inmediaciones del Congreso.
Ibáñez también aparece como testigo, junto a la diputada Carolina Marzán, en una causa de febrero de 2019 por el delito de amenazas en el caso de la oposición a la instalación de torres de alta tensión en Olmué.
Al actual senador por Arica y Parinacota que nuevamente compite por un escaño en la Cámara Alta, pero esta vez por la Región de Valparaíso, José Miguel Insulza, la página del Poder Judicial le arroja una causa.
A Insulza lo denunciaron en 2015 por supuesto ejercicio ilegal de la profesión y acusación calumniosa por un conflicto que data de 2002. Aunque la querella está en blanco en el Poder Judicial, Radio Villa Francia registró el hecho e informó que el caso se remonta a cuando siendo ministro del Interior presentó una querella por uso malicioso de instrumento privado falso, falsificación de recomendaciones y certificados, y de usurpación de nombre; pero el querellado respondió presentando una acción judicial en que asegura que Insulza actuaba como abogado desde el 31 de diciembre de 1991, siendo que habría jurado como tal en noviembre de 1992. El querellante agregó que tampoco había pruebas de que el senador hubiera asistido a esa ceremonia. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente.
La diputada de RN Camila Flores aparece como testigo de una causa de amenazas en Los Lagos sobre la que no hay mayores antecedentes y en el área penal sólo registra la querella que interpuso con otras parlamentarias contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por secuestro en la causa en que se le investiga por violación, y por obstrucción a la justicia contra la exministra Carolina Tohá. La querella fue declarada inadmisible.
María José Hoffmann (UDI), en tanto, presentó una querella en 2009 porque desconocidos lanzaron piedras a la sede de su partido y rompieron los ventanales.
El exdiputado Daniel Verdessi (ex DC que va por Demócratas), tiene varias causas en las que aparece como testigo, pues como médico tuvo que atender a personas con diferentes tipos de lesiones que se investigaron en sede penal. En 2005 la exalcaldesa de Quilpué, Amelia Herrera, se querelló en su contra por injurias y calumnias cuando él era concejal, en un caso que ni siquiera se investigó. Un año antes figura como querellado en una causa contra el exalcalde de Valparaíso, Hernán Pinto, y el exgerente de la Corporación Municipal por haber retenido las cotizaciones previsionales de trabajadores. En otra querella sobre el mismo caso, aparece como testigo. En 2004 era director del Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio. En 2008 figura como víctima de un caso de falsificación o uso malicioso de documentos privados en La Ligua, sin mayor detalle.
Otro exdiputado y candidato a senador, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se querelló junto a otros parlamentarios porque durante la sesión del 19 de octubre de 2011 manifestantes interrumpieron la sesión del hemiciclo y gritaron consignas en contra del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. Además, parlamentarios forcejearon con carabineros. Es la única causa en que aparece en el área penal.
La candidata del Partido Radical que chocó por no respetar un disco Pare y otros casos
Jazmín Aguilar Ortiz, consejera regional por el Partido Radical que ahora compite a la senatorial, figura en una causa ingresada al Poder Judicial en septiembre de 2024.
Según el expediente, la mujer “no respetó el disco Pare existente en el lugar impactando el automóvil en que iban las querellantes. El impacto fue de gran magnitud, lo que provocó que los ocupantes del otro vehículo sufrieran lesiones de diversa consideración». El caso se encuentra en tramitación.
En otros casos que arrojó la revisión de las causas penales, la candidata Independiente-Partido Liberal, Mónica Valencia, hizo una denuncia por lesiones leves en 2013, sin que se indiquen detalles del hecho. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decidió no iniciar una investigación.
En tanto, Claudio Uribe, del PDG, figura como abogado patrocinante en una querella contra varios imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas.