Corrían los años 2000 y llegaba la implementación paulatina de la Reforma Procesal Penal, que buscaba modernizar el sistema judicial chileno. Esto, a través de la creación de nuevas instituciones y auxiliares de la justicia.
Lo anterior tenía por finalidad mejorar la calidad de los procedimientos, siendo uno de los principales desafíos, y metas, tener una justicia oportuna y ejecutiva.
Sin embargo -a más de 20 años de su aplicación y desarrollo- si bien se ha tenido resultado en algunos aspectos, también existen carencias que se han hecho ver sobre todo en los últimos años.
Por ejemplo, las lentas investigaciones a cargo del Ministerio Público, como también los largos juicios que en ocasiones incluso toman años en dar resultados.
Dicha problemática ha preocupado al mundo penal y académico, debido a los riesgos que podrían significar para los derechos y garantías tanto de las víctimas como también de los imputados.
El exfiscal Ricardo Freire explicó los riesgos de un sistema penal que no llega a tiempo a impartir justicia, y cómo esto afecta también a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por su parte, el exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, explicó que uno de los puntos importantes sería reformar y actualizar la forma en la que se incluye las pruebas del tipo documentales en los juicios, ya que hoy eso demora y toma gran parte del proceso.
Cabe señalar que el Poder Judicial tuvo un recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos, lo que ha sido rechazado transversalmente por los gremios relacionados con el sistema judicial.
De esta manera, solicitaron a las autoridades que lo reviertan, por las graves consecuencias que esto puede generar en un sistema ya en crisis.