La Justicia boliviana autorizó la extradición a Estados Unidos del exjefe antidrogas del último Gobierno de Evo Morales, el coronel de la Policía Maximiliano Dávila, que se encontraba detenido preventivamente. Dávila ocupó el cargo de comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico entre 2018 y 2019 y está acusado de “conspiración para fabricar e introducir cocaína en Estados Unidos” por un Tribunal de Nueva York. Será la primera extradición de un boliviano a este país en las dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS): desde que en 2008 el embajador estadounidense fuera expulsado de Bolivia, las autoridades del MAS mantuvieron escasas y difíciles relaciones con la potencia norteamericana. Se trata de un giro hecho realidad gracias a las condiciones creadas por la batalla política entre el presidente Luis Arce y Morales, quien en agosto de este año declaró que había “una orden de arriba” para vincularlo con Dávila y extraditarlo posteriormente también a él.
La máxima autoridad judicial boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), resolvió este miércoles autorizar la extradición solicitada por Estados Unidos en el marco del tratado que sobre la materia firmaron ambos países el siglo pasado. La defensa de Dávila intentó impedir este desenlace hasta el último momento, alegando que no se habían cumplido los procedimientos de ley. La solicitud de extradición se formalizó en octubre, tras recibirse el exhorto del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el cual acusa a Dávila de producir y traficar drogas hacia Estados Unidos. La solicitud fue aprobada por la Fiscalía General y, ahora, por el TSJ, lo que significa que existe aprobación política. En consecuencia, el camino está allanado para la salida de Dávila de Bolivia en un momento que no se ha determinado aún.
Maximiliano Dávila está preso desde el 22 de enero de 2022 por orden del ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, quien impidió que el exjefe policial fugara a Argentina, como planeaba. Entonces se acababa de conocer que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) acusaba a Dávila de ser parte de una red de protección de narcotraficantes y tráfico liderada por el ex mayor de la Policía Omar Rojas, que esperaba su extradición a Estados Unidos en una prisión colombiana.
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Según un agente de la DEA que operó encubierto, ambos policías “utilizaron sus cargos oficiales y conexiones para obtener el acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína” y “organizar la protección por parte de las fuerzas del orden”.
Posteriormente, apareció un informe de la Policía que acusaba a Dávila de haber frustrado, en su condición de jefe antidrogas, una redada policíaca en un aeródromo rural cercano a Santa Cruz de la Sierra. Esto supuestamente ocurrió en julio de 2019. El aeródromo fue objeto de sospechas después, pero, por falta de pruebas, las autoridades no pudieron impedir que continuara sus actividades presuntamente ilegales. En marzo de 2022 fue intervenido por Del Castillo, que con ese gesto respondía las críticas políticas que había despertado su manejo del caso Dávila.
La detención de Dávila no se debió a cargos de narcotráfico sino de “enriquecimiento ilícito”, porque Bolivia no tenía pruebas de la vinculación del coronel con las drogas que debía combatir. La acusación bastó para mantenerlo en prisión hasta ahora.